DIPLOMADO EN DERECHO PROCESAL PENAL

Se habilita el Diplomado en Derecho Procesal Penal el 8 de Junio

 

Una de las muestras más elocuentes de los cuestionamientos de la opinión pública hacia el desempeño judicial constituye la carencia de conocimientos jurídicos apropiados para el buen manejo de la herramienta esencial de la gestión de este menester, cual es, el litigio. Obviamente  que los saberes teóricos sirven como punto de partida para la comprensión de los problemas jurídicos actuales,  pero si relegamos los saberes operativos, de aplicación coherente entre teoría y praxis a situaciones atípicas del ámbito académico e intelectual  se mantendrá el esquema actual: una realidad desmoralizadora para el abogado recién egresado y  aquéllos próximos  a integrar el segmento laboral de  profesión en el área penal, en la que prevalece la  “costumbre judicial”,  la  práctica  deletérea de promover un divorcio lo jurídico autént icamente, dando paso a la cultura del amiguismo, del  tráfico de influencias, del seudo-empirismo, de la mediocridad de la inmediatez y de lo rudimentario que desprestigia tanto el ejercicio de la profesión del abogado litigante.

Lo expuesto adquiere ribetes dramáticos para propios y extraños cuando  el procedimiento es oral y público, porque a la insuficiencia  de la preparación intelectual del  marco teórico –circunstancia de la que también es responsable la universidad en un porcentaje elevado- se debe añadir la estructura mental de los operadores de justicia que se han formado  y obran conforme a las pautas inquisitoriales.

Aquí es fundamental interpretar el amplio espectro que abarca el sistema inquisitivo,  ya que el mismo no se limita a la escritura y a la centralidad del poder, sino a un modelo cultural con más de quinientos años en América Latina en el que se enseñó, se conoció y se hizo conforme a las pautas inquisitivas, que se certificó su defunción en el año 2000, pero que antes que extinguirse, sigue  vigente en el pensamiento y en las prácticas cotidianas de los tribunales.  No en balde suelo afirmar que el modelo inquisitivo es un muerto que goza de buena salud. El arraigo es tan elocuente que hasta se actualizó bajo la expresión de un replanteo  desde la óptica  neo inquisitorial, permeando con suma facilitad las instituciones  acusatorias regladas en las actuales legislaciones procesales. La cuestión sube de nivel cuando observamos que por la cotidianeidad  (principalmente con una  doctrina y jurisprudencia  “re-tocada”)  se vienen profundizando las distorsiones de los  principios teóricos  que se convierten noci-vamente en  herramientas  que colmatan la tolerancia de lo teóricamente aceptable con respecto a los postulados republicanos del modelo de enjuiciamiento oral y público.

De esta manera, esta disciplina requiere de un análisis de campo (propiciando el control cruzado y directo de lo “normado” en la ley procesal –la penal constituye a la fecha la única materia que adoptó el modelo compatible con el sistema democrático y republicano de gobierno-  con la praxis), para redescubrir, con la mayor proximidad y trasparencia posibles, la indubitable convicción de que se debe continuar con la capacitación de las destrezas propias del sistema acusatorio oral y púb lico que permitan confrontar eficazmente las distorsiones trasegadas por la recurrente y poderosa cultura inquisitiva.

 

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